Jornada de 40 horas avanza en el Congreso y gobierno confirma que recurrirá al TC

Eran las 11 de la mañana de ayer lunes cuando los diputados oficialistas que integran la Comisión de Trabajo de la Cámara iniciaban una reunión con el ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg. Los parlamentarios llegaron hasta el gabinete del secretario de Estado con una sola idea: evitar que se votara el proyecto de la legisladora comunista Camila Vallejo, que reduce la jornada laboral a 40 horas. Lo que se afinó en la cita fue la estrategia con la que enfrentarían la sesión doble a en el Congreso a la que habían sido convocados la semana pasada. La misma que concluyó con la aprobación del corazón de la moción por siete- seis, aunque sin despacharlo en su totalidad.

La primera parte de la cita, que se caracterizó por lo tensa y desordenada, cumplió, sin embargo, los objetivos establecidos. Porque tal como se acordó en la mañana, el oficialismo inició mostrando su rechazo a poner en tabla la moción parlamentaria, esgrimiendo la existencia de un informe del secretario general de la Corporación que sostiene que no se puede poner en tabla para votar un proyecto que no tiene urgencia –ya sea en una sesión ordinaria o extraordinaria de una comisión-, mientras haya otros que sí la posee.

Este debate tomó poco más de una hora, impidiendo que Monckeberg pudiera tomar la palabra para exponer sobre el fondo de la polémica iniciativa. De hecho, el propio ministro entró al debate respaldando la postura del UDI Patricio Melero, quien pese a que el secretario de la comisión zanjó la duda y decretó que se podía discutir la rebaja de la jornada laboral -porque el gobierno no le renovó la urgencia a los proyectos que la tenían caducada-, insistió en que si bien había expirado la urgencia reglamentaria, aún persistía la constitucional.

En la cita previa entre los diputados oficialistas con el ministro se tomó otra decisión, la de acudir al Tribunal Constitucional, haciendo efectiva la postura que el Ejecutivo venía planteando hace ya un par de semanas. Superado el impasse de las urgencias, fue el turno del diputado gremialista Guillermo Ramírez para hacer la reserva de constitucionalidad del proyecto. E insistió en leer detalladamente las razones que a juicio del oficialismo le dan ese carácter a la moción de Camila Vallejo (PC).

Según el legislador oficialista el proyecto irriga gasto público, directa o indirectamente, “al buscar un aumento de los salarios de los trabajadores del sector privado o las bases para su determinación”; al perseguir un aumento de los salarios de los trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo” y porque incluye la colación en la rebaja de la jornada.

Las redes sociales se convirtieron de nuevo en un aliado para el
proyecto impulsado por las diputadas Vallejo y Cariola.

A Ramírez se sumaron varios de sus pares del oficialismo, argumentando en la misma línea. El diputado de RN Alejandro Santana pidió también en varias ocasiones punto de reglamento impidiendo la fluidez del debate. Incluso, más de una hora después de iniciada la sesión, cuando al fin Monckeberg pudo iniciar su exposición, una de las tantas interrupciones del oficialismo fue protagonizada por Santana, quien mostró su molestia por los gestos –a su juicio- despectivos y burlescos, en contra del ministro. Tanto que hubo que alargar la sesión para que el titular del Trabajo terminara de exponer y aun así no lo hizo y ocupó gran parte de la segunda sesión en ello.

Mal proyecto

Pese a que la estrategia del gobierno se aplicó paso a paso, no fue posible contra el acuerdo alcanzado por toda la oposición. Poco antes del mediodía de ayer, llegaron a buen puerto las conversaciones que confluyeron en una indicación, que negoció el diputado falangista Gabriel Silber, que introduce la gradualidad al proyecto y que será ingresada en la Sala. Asimismo, se tomó la decisión de retirar todas las indicaciones de la oposición. Con lo que aumenta considerablemente la posibilidad de que el proyecto supere la su primer trámite con éxito.

Silber conversó con representantes de las Pyme, durante el corto receso entre ambas sesiones, y si bien el sector pedía ocho años de gradualidad, aparentemente no vería los cinco tan negativamente. En todo caso, este acuerdo le significó una dura crítica de parte del diputado Patricio Melero (UDI).

Por su parte, en la exposición, Monckeberg hizo hincapié en lo malo de este proyecto, asegurando que “no hay ni un solo caso, ni un ejemplo, ni un país que haga lo que estamos haciendo en Chile”, con la propuesta de la rebaja a 40 horas. A ello añadió que ningún país de la OCDE tiene una jornada laboral promedio tan baja como la que se generaría en Chile al aprobar este proyecto –que podría llegar a las 37,7- y que tampoco se ha hecho algo así con una producción como la nuestra.

“Hasta los deportistas, que tienen una jornada especial, tampoco se les dice cómo se va a hacer. Esto es tan absurdo, está tan mal redactado el artículo que no se hace cargo de ninguna jornada especial, sino que dice que todas deben adecuarse, que Chile podría verse impedido de jugar la Copa América, porque se va a exceder la jornada máxima que aquí se está planteando”, argumentó Monckeberg.

Por lo pronto, tras la aprobación de los dos artículos principales que le dan forma al proyecto, pero habiendo quedado en el tintero un artículo transitorio, la comisión sesionaría hoy a partir de las 9 de la mañana para concluir esta votación y posteriormente pasar a la Sala.

En medio de este proceso, el oficialismo llevará la iniciativa al Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca de su constitucionalidad.

Las seis dimensiones que incluye la indicación de Trabajo por 41 horas

Si bien el protagonista del debate de ayer fue la reducción de 45 a 40 horas impulsado desde la oposición, en este mismo marco se conocieron nuevos aspectos de lo que contendrá la la indicación que hará la propia administración Piñera al proyecto de Modernización Laboral para reducir el tiempo trabajado a 41 horas.
De acuerdo a un documento del Ministerio del Trabajo, la propuesta tendrá los siguientes alcances:
Se propone reemplazar la jornada ordinaria de 45 horas semanales (que desaparece), por una nueva jornada ordinaria semanal de 41 horas promedio, que se calculará de manera trimestral (estándar OCDE). Adicionalmente, se mantiene la alternativa para las partes de pactar una jornada ordinaria mensual de 180 horas.
Ambas jornadas podrán distribuirse en un máximo de 6 días, pero sin el límite mínimo actual de 5 días.
Se establecerá una gradualidad para su entrada en vigencia, de manera de permitir a las partes adaptarse progresivamente a ésta, con especial preocupación por las mipymes.
Se mantienen los mismos límites diarios y semanales regulados actualmente, esto es, un total de 12 horas de permanencia, incluyendo horas ordinarias y extraordinarias.
A diferencia de lo actual, y según la propuesta original del Proyecto de Modernización Laboral, se incorpora el concepto de bolsa de horas extraordinarias, por lo que su límite está dado de manera trimestral o mensual, según la jornada por la cual se opte, y no diario.
Se protege la remuneración del trabajador estableciendo la compensación a que tiene derecho en caso que sea desvinculado habiendo trabajado un promedio superior a 41 horas en el período de vigencia del contrato.

Según lo conversado ayer en el comité político, ya se avanza en el borrador de la presentación ante el TC.

Administración Piñera y Chile Vamos alistan requerimiento al
TC para impugnar conjunto de proyectos, incluido 40 horas

Por Rodolfo Carrasco

Anticipando lo que sería el desarrollo de los acontecimientos durante la tarde, en el marco del comité político de este lunes la administración Piñera en conjunto con los partidos de Chile Vamos acordó acudir a la brevedad al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar una serie de proyectos originados por la oposición -actualmente en tramitación-, que consideran que no respetan la legalidad al irrogar gastos o vulnerar el debido trámite legislativo.
En el gobierno ven con preocupación el avance del proyecto que reduce a 40 horas la jornada semanal y consideran que de prosperar ese texto podría ser la punta de lanza para el trámite de una serie de iniciativas que a su juicio vulneran la Carta Fundamental y por lo mismo deben con prontitud hacer velar ese punto ante el TC.
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, como su par de la Segpres, Gonzalo Blumel, han insistido en que el proyecto del PC es inconstitucional. Incluso, este último le envió una carta al timonel de la Cámara Baja, Iván flores, manifestándole que no se están respetando las urgencias legislativas del Ejecutivo, lo que fue desestimado.
El borrador del documento para impugnar varias leyes ya está siendo elaborado por los equipos técnicos y junto con la reducción de la jornada se pretende impugnar la nulidad de la ley de pesca, el royalty minero, tutela laboral y la ley del litio y extracción de la jibia.
Además, entre las iniciativas que el oficialismo considera inconstitucionales se cuentan en la Cámara de Diputados varias indicaciones a la reforma de pensiones, ley de fármacos II en lo referido a fijar precios, cuotas de género, votación de ley de gendarmería, subvención parvularia, tutela laboral, cuota de pantalla, titularidad docente.
Y en el Senado la indicación para eliminar progresividad en gratuidad de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales y algunos aspectos relativos al proyecto de servicio de protección especializada a la niñez.
Los presidentes de RN, Mario Desbordes; de la UDI, senadora Jaqueline van Rysselberghe; y de Evopoli, Hernán Larraín Matte, coincidieron en que llegó el momento de actuar y este último planteó que "el proyecto de 40 horas es inconstitucional, si avanza como Chile Vamos recurriremos al TC quien será el que determine que va contra la Constitución".
El presidente Sebastián Piñera ha estado en permanente contacto tanto con Monckeberg como con el titular de la Segpres para coordinar la forma en que se buscará frenar el avance del proyecto opositor que reduce la jornada laboral.